Pareciera obvio que, por su Misión y su permanente y necesaria búsqueda de sustentabilidad social, las bibliotecas públicas deben constituirse como centros de participación ciudadana. Más aun, pareciera que este desafío es sobre todo un dilema técnico, una cuestión de procedimientos, de “proyectos” que atraigan nuevos usuarios a la biblioteca y que, por supuesto, lean más y mejor.

Sin embargo, las cosas no son tan simples ni evidentes cuando, en el marco de la gestión de las bibliotecas públicas, intentamos comprender las palabras “participación” y “ciudadanía”. No siempre las bibliotecas fueron participativas, no siempre las personas fueron ciudadanas a cabalidad.

A escala latinoamericana, la evolución de las bibliotecas públicas es muy diversa. A modo de ejemplo, Argentina cuenta con una ley para su desarrollo desde 1870, impulsada por Domingo Faustino Sarmiento. En México, bajo la dictadura de Porfirio Díaz (1876–1910) surgen las primeras bibliotecas públicas como parte de una política que se quiso sistemática; sin embargo, sólo en los años veinte del siglo pasado se despliega un real esfuerzo para desarrollarlas, bajo el impulso de José Vasconcelos. Finalmente, en Colombia, apenas entre 1931 y 1941 se desarrolla una política para la habilitación de bibliotecas a escala nacional, primero desde la Biblioteca Nacional —dirigida entonces por Daniel Samper Ortega— y, luego, a través de las denominadas “bibliotecas aldeanas” (1).

¿Cuál es el contexto social y político en que se desarrollan estos ejemplos? En primer lugar, se presentaban altos niveles de analfabetismo. Obviamente, esto determina el acceso —necesariamente restringido— a las bibliotecas; sin embargo, también determina la vocación escolar de estos primeros esfuerzos. Segundo, las bibliotecas públicas, en general, fueron concebidas desde una perspectiva elitista. Se trataba de crear espacios orientados a desarrollar la “civilización” y el “progreso” entre los “incivilizados”, entre los bárbaros. No siempre se expresó de esta forma, respecto a las bibliotecas y su creación, pero el marco ideológico en que surgen está permeado por una cultura paternalista que trasunta la idea de llevar el progreso a los más amplios sectores —en este caso, a través del libro—, en términos de un conocimiento que constituye la negación de aquellas identidades sociales que no fueran coherentes con la idea de un desarrollo de corte occidental, principalmente europeo. Por ello, su surgimiento en general corre paralelo a grandes campañas de alfabetización, de sanidad y alimentación y de desarrollo educativo impulsadas por el Estado, que apuntan también a “civilizar” a los sectores sociales necesitados. En ese contexto, la biblioteca no podía dejar de ser un símbolo más de “ modernidad y de adelanto, independientemente de su utilidad pragmática” (2) ¿Así aconteció en Chile?

Las bibliotecas públicas chilenas: su pasado lejano

En 1873 se crea la Biblioteca “Santiago Severín”, en la ciudad de Valparaíso, que hasta la década de 1920 será la única biblioteca pública “provincial” (hoy diríamos regional) del país; nace gracias a la filantropía de Santiago Severín, un acaudalado porteño. A partir de ella surgen pequeñas bibliotecas a lo largo de Chile, casi siempre asociadas a los municipios. Sin embargo, sólo en 1921, el Estado asume un rol abiertamente protagónico, cuando crea la Dirección General de Bibliotecas, instancia que da cuenta de la necesidad de organizar las diversas bibliotecas existentes en el país. Ocho años después, se crea la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), de la cual pasan a depender —entre otras instituciones— las bibliotecas públicas y las provinciales.

Quizás el signo de este largo período es la precariedad. Cabe suponer que, hasta 1929, las bibliotecas existentes son “públicas” porque abren al público, pero sus características son una incógnita. Por lo demás, los altos niveles de analfabetismo del país no incitan a pensar en su uso masivo o que tuvieran un impacto social importante en su conjunto. Son, en realidad, parte del paternalismo que entonces despliega el Estado en función de incorporar a sectores sociales que son percibidos al margen de un modelo de sociedad que se quiere hegemónico sobre cualquier otra manifestación de identidad. Es el Estado “civilizador” el que está en marcha. Por eso, las bibliotecas y su organización son parte de procesos mayores y seguramente más relevantes, como lo son por entonces las grandes reformas educativas y las campañas sanitarias.

No quiere decir esto, que las bibliotecas públicas no contribuyeran a llevar la lectura a los sectores sociales que se encontraban bajo su radio de acción. Lo hacen, y muchas veces con éxito, pero enmarcadas dentro del sentido paternalista que les da origen. Por ello, no lo hacen a contrapelo de quienes participan de su gestión y disfrute. Aunque éste es un tema que merecería un análisis más profundo, lo más probable es que Jefes de Bibliotecas, sus sostenedores (sea el Estado o los municipios) y parte de sus propios usuarios son funcionales a esta idea de que la biblioteca es un centro de “saber” que entrega al ignaro el conocimiento que ha de encausarlo por la senda del progreso. Otra forma de pensar no cabe, no porque no exista, sino porque el modelo paternalista imperante no brinda espacios para que se visibilice. Más aún, se combate su existencia.

Por otra parte, es muy probable que, dentro de esta dinámica de desarrollo, las bibliotecas fueran un componente marginal. Civilizar al bárbaro involucró, en Chile, múltiples iniciativas de alta trascendencia, que movilizaron altos volúmenes de recursos, orientados sobre todo a la escolarización masiva y la higienización. El resultado de estas iniciativas fue, sin dudas, benéfico para amplios sectores sociales, lo cual, sin embargo, no entraba en contradicción con el objetivo propio de la élite que las enunciaba e implementaba: alejar al pueblo de la idea de que podía tener autonomía, de que podía incluso decidir sus propios destinos, derrotando a las jerarquías sociales existentes. Para evitar eso, era necesario mejorar las condiciones de vida del bajo pueblo, pero disciplinando de paso a todos aquellos que se ubicaban en la base de la pirámide social (3). En estas circunstancias, nacían las bibliotecas públicas chilenas, marginales dentro de estos grandes cambios, orientadas a llevar el “progreso” a sus usuarios, y también disciplinadoras del díscolo que pensaba en su autonomía.

Obviamente, esta perspectiva paternalista respecto a las necesidades y demandas sociales estaba llamada a cambiar a lo largo del tiempo. Con el paso de los años, necesariamente debió volverse más sutil, en la medida en que se incrementaba y se hacía más compleja la movilización y el descontento social. Este descontento y esta movilización alcanzan su clímax —y también su solución— con el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973). El nuevo gobierno, encabezado por Salvador Allende, no renunció a ciertas políticas de corte paternalista (asegurar un medio litro de leche a cada niño, plena cobertura en la enseñanza escolar básica), pero sin dudas, dio cause a la participación social como nunca antes se había visto en la sociedad chilena. En medio de un proceso político altamente radicalizado y tensionado, la ausencia de una historia de las bibliotecas públicas chilenas no nos permite conocer la manera cómo éstas participaron en dicho proceso. Existen testimonios que hablan de bibliotecas “rodantes”, habilitadas en viejos buses, tirados por tractores, que concurrían a los barrios populares de Santiago. Sin embargo, si así aconteció, todo se vio abrupta y dramáticamente interrumpido con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Pasado cercano de las bibliotecas públicas

En 1977 se forma la Coordinación Nacional de Bibliotecas Públicas, dependiente de la Dibam, y con ella se crea por decreto un número, por entonces relevante, de bibliotecas públicas a lo largo del país. Es éste un esfuerzo percibido como un intento de organización —–quizás más administrativo que político— y de desarrollo de las bibliotecas públicas. Sin embargo, no sólo se efectúa en el contexto de una dictadura que no es proclive a la cultura y menos a la participación ciudadana. La propia metodología de creación de bibliotecas es cuestionable y su implementación no se condice con lo que ya por entonces se concebía como una biblioteca moderna. La mayoría de ellas no contaban con el personal, ni con la infraestructura adecuada. En general, sus estanterías eran cerradas, su personal carecía de una capacitación adecuada y sus colecciones no tenían relación con las necesidades e intereses de sus lectores. Ello no quiere decir que desde varios de los actores que estaban participando directamente en la gestión de este sistema no hubiese interés por su modernización. Pero sus iniciativas, a veces muy relevantes, no formaban parte de una estructura coherente, de planificación concertada, respaldada por las instancias pertinentes, e inserta dentro de una visión moderna de lo que debía ser tal sistema.

Sólo con el fin de la dictadura y el retorno a la democracia, en 1990, se inicia realmente la modernización de las bibliotecas públicas chilenas y su apertura a la participación ciudadana. A partir de 1993, la Coordinación pasa a ser la Subdirección de Bibliotecas Públicas, siempre como parte de la Dibam, y se inicia un cambio radical en las políticas de bibliotecas y en la estructura de su organización. Dentro de ellas, las palabras claves pasan a ser “participación” y “planificación”. Al mismo tiempo, la incorporación de la Misión de la Biblioteca Pública (conforme al Manifiesto de la Unesco) y la Planificación Estratégica devienen en los ejes articuladores de la gestión del sistema. Al interior de las bibliotecas, su desarrollo se orienta a la participación ciudadana, a la calidad de los servicios y a la modernización y creación de servicios novedosos e integrados, lo cual se expresará en proyectos orientados a incorporar a la comunidad en su gestión y a llevar el libro y la lectura más allá de sus espacios físicos.

Son ejemplos de estos proyectos los distintos servicios móviles hoy existentes, desde los bibliobuses hasta las cajas viajeras; el Servicio de Información a la Comunidad; el Rincón Docente; el Rincón Infantil; los Bibliometros y los distintos puntos de préstamos que hoy se han desarrollado; Casero del libro, o el proyecto “Un libro para sanarme”. La lista sería larga si tomamos en cuenta que, en cada una de las trece regiones que conforman el país, las bibliotecas desarrollan también proyectos específicos, acordes con sus realidades y posibilidades. Todos apuestan a ampliar la cobertura de los servicios de la biblioteca, buscan llegar a los segmentos aislados, necesitados y/o vulnerables de la población.

Pero ¿Son estos sólo procedimientos técnicos orientados a la ampliación de los servicios de lectura de las bibliotecas públicas chilenas, diseñados y aplicados en un contexto político favorable para su implementación? ¿Por sí mismos decretan el fin del paternalismo?

Respecto a la primera pregunta, la Dibam se propuso diseñar y desplegar estos proyectos dentro un nuevo marco de referencia para la relación de las bibliotecas con sus usuarios. En 1996, inició el proyecto denominado “Mecanismos de gestión participativa” al interior de las bibliotecas. Dicho proyecto suponía la instalación de un conjunto de procedimientos orientados a la interacción de distintos actores sociales con la actividad cultural de cada biblioteca. Los “mecanismos” para este fin eran los siguientes:

•  Un sencillo diseño de investigación para que cada biblioteca explorara los intereses culturales, educativos e informativos, presentes en su comunidad. Se denominaron “ins trumentos de monitoreo del entorno”.

•  Una metodología para la convocatoria y coordinación de una “ Asamblea de autodiagnóstico y planificación” , en donde se pudieran concordar los elementos fundamentales de un plan de acción concertado de la labor de la biblioteca junto con agentes sociales de sus comunidades.

•  En paralelo con estos procedimientos, se capacitó a los jefes de bibliotecas en estrategias relacionadas con liderazgo, métodos de negociación y marketing cultural.

Estos instrumentos y metodologías, puestos en uso por los jefes de bibliotecas, apostaban a integrar a sus comunidades a la gestión cultural que desarrollaban, transformando a sus bibliotecas en referentes culturales de primer nivel frente a sus entornos sociales y políticos.

Sin embargo, ello significó también reformular la noción de cultura instalada hasta entonces al interior de las bibliotecas. Fue clave hacer comprender a los jefes de bibliotecas que, sin desdeñar las definiciones y prácticas tradicionales de “cultura”, también los elementos constitutivos de la vida cotidiana que caracterizan e identifican a una comunidad, haciéndola distinta de otra, constituían la expresión de su cultura . Se hizo necesario hacer un fuerte énfasis en que la cultura era algo distinto a la educación formalmente recibida, que toda persona, en la medida que se relaciona con su entorno, posee conocimientos y prácticas particulares que constituyen un modo de vida único, adaptado a su realidad, que éste era un modo de vida que se aprende, se comparte y se transmite en forma colectiva; que no existía nadie que fuese inculto, ni siquiera un analfabeto. Con estas formas de cultura era necesario que las bibliotecas trabajaran; y necesariamente “con” sus actores, y no más, “para” sus actores (4).

Los “Mecanismos de Gestión Participativa” constituyeron un hito de alta trascendencia al interior de las bibliotecas públicas chilenas: les permitieron —no sin resistencia en algunos casos— trabajar efectivamente con sus comunidades. Culturalmente, los jefes de las bibliotecas comprendieron que su liderazgo y su capacidad de gestión necesariamente pasaban por interactuar con sus entornos sociales, pero a condición de comprender y sentirse parte de lo que ellos entendían por su cultura, sus problemas, sus necesidades, sus expectativas.

Como consecuencia de esta política, se desplegó una doble focalización en el fomento lector. Por una parte, las bibliotecas comenzaron a seleccionar los libros que requerían las personas, conforme ellas mismas lo indicaban en sus encuentros con los jefes de bibliotecas. Los “rincones” docentes, agrícolas, de la mujer, del adulto mayor, obedecieron a esta demanda. Los libros de estos espacios constituyeron instrumentos de inclusión social al dar respuesta —no siempre ideal, por cierto— a requerimientos específicos de cada segmento social o etario. De esta manera, cada biblioteca, en pequeña escala, comenzó a contribuir al desarrollo de las personas “con las personas”.

Al mismo tiempo, otra dimensión de la focalización la constituyó la búsqueda de nuevos espacios para los servicios de lectura. La pregunta fue ¿Cómo llegar a más gente? Los “Mecanismos de Gestión Participativa” eran un primer paso; el complemento sería la creación de una multiplicidad de servicios, allí donde la biblioteca no llegaba a influir. Surgieron entonces con fuerza los bibliobuses, el “bibliometro” (puntos de préstamo al interior del metro de Santiago) y los “Caseros del libro”. Éste último es quizás uno de los más emblemáticos en la idea de ir al encuentro del lector dentro de su propio espacio de identidad. La apuesta era llevar puntos de préstamos al interior de las ferias libres, tan comunes, tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica. Pero ¿Por qué a las ferias libres?

Las redes constitutivas del comercio informal —sobre todo de las ferias libres y del comercio ambulante— actúan como conservatorios de las relaciones cívicas y sociales de la tradición clásica y, por eso mismo, como crisálidas de redes cívicas con potencialidad de futuro. Son, sin embargo, formas de apariencia vegetativa, como sin proyección política ni revolucionaria. Es preciso, por ello, verlas como parte orgánica del conjunto de las redes de supervivencia popular, que se mueve lentamente en sentido inverso y contrapuesto al de la individualización. Este movimiento vegetativo , que tiene vida propia pero no proyecto político, proporciona, sin embargo, el contexto de apoyo y el repertorio identitario, cultural y procedimental que —según demuestran los estudios recientes— constituyen la matriz vital de los nuevos movimientos sociales (5).

Ciertamente, el Casero del libro no estaba destinado a revolucionar las ferias (en los términos mencionados en la cita). Sin embargo, el aporte fundamental del proyecto estaba dado por el hecho de presentarse como un servicio que no manipulaba la participación, ni se quedaba en un nivel descriptivo epidérmico, sino que estimulaba los procesos de participación y daba paso a la posibilidad de un desarrollo llevado a cabo por los propios actores y actrices involucrados. En otros términos, la fortaleza del proyecto Casero del libro estaba y está en recoger necesidades, en absoluto inducidas o manipuladas sino, más bien, generando nuevas energías al aproximar los libros a los ciudadanos, poniéndolos a disposición en lugares cercanos que son parte de su diario vivir (6).

Presente y futuro de las bibliotecas públicas chilenas

Las bibliotecas públicas chilenas son hoy, en general, espacios de inclusión social. Para ello, el libro es su instrumento determinante dentro de una política de interacción comunitaria y de focalización cualitativa y cuantitativa de sus usuarios. Pero la causa de la participación y la inclusión no está ganada definitivamente. Por una parte, la implementación de las políticas de participación ciudadana demanda contar con alianzas estratégicas al momento de su ejecución y en su proyección; exige la evaluación, sistematización y descentralización en su implementación; requiere enfrentar con tino la supervivencia y readaptación de una cultura asistencialista (una suerte de continuación del paternalismo del siglo pasado) que permea aún a algunos jefes de bibliotecas, aparte de la comunidad y el propio Estado.

Por otra parte, nuevos contextos enmarcan hoy el desarrollo del sistema, constituyendo oportunidades, pero también desafíos, y en donde el fomento lector y la inclusión social devienen en procesos cada vez más complejos:

•  Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics), y la llamada Sociedad de la Información marcan de manera especial el cambio dentro de las bibliotecas públicas chilenas. Hoy, 378 de ellas cuentan con servicios de Internet a través del proyecto BiblioRedes ¿Cómo afecta este nuevo servicio a la lectura y el libro como instrumentos de inclusión social?

•  La participación ciudadana es un proceso dinámico, complejo y en permanente cambio. Constituye para cada biblioteca un factor de la gran relevancia para su interacción con agentes estatales y privados, para complementar sus limitaciones estructurales y para su posicionamiento social y su acción cultural comunitaria. Sin embargo, ¿Cómo sostener esta participación, cuando justamente constituye un proceso tan cambiante y en donde existe un relevo constante de actores que cuestionan y reformulan su propia noción y praxis de cultura? ¿El libro puede siempre estar a la altura de estos cambios?

•  Los significativos niveles de pobreza de los entornos sociales de las bibliotecas, las ubican frente al desafío de contribuir especialmente — dentro de su especificidad — a mejorar la calidad de vida de vastos sectores necesariamente carentes de acceso a la cultura. Sin embargo, aún dentro de su especificidad, la acción de la biblioteca tiene límites, ella es parte de la pobreza de su entorno. Por otra parte, ¿El libro logra cubrir las demandas que emanan de la pobreza? y, si no es así, ¿Qué hacer?

•  La actual “crisis” de la lectura es un fenómeno especial, que se viene dando con fuerza dentro del país, y el cual la biblioteca pública, en tanto que espacio orientado por excelencia al fomento de la lectura, debe — desde su especificidad — contribuir a resolver. Pero, ¿En qué consiste esta “crisis”? ¿Realmente se lee menos? o ¿Estamos ante un cambio en donde la lectura ha adquirido formas y contenidos que la biblioteca aún no percibe?

De esta manera, la participación ciudadana y la inclusión social no pueden ser entendidas como la suma de proyectos y procedimientos —aunque sea necesario que existan los proyectos y los procedimientos— técnicamente bien pensados y aplicados de conformidad con ciertas normas bibliotecológicas. Las bibliotecas públicas son espacios de intervención social, con funciones que emanan del libro y el fomento lector, ciertamente. Pero en tanto son parte de entornos complejos y cambiantes, en tanto forman parte de la sociabilidad de una diversidad de actores que requieren ver a su biblioteca como propia, su participación dentro de la sociedad —a la escala de micro sociedades donde generalmente se ubican— involucra comprender a ese entorno, participar de él, “apropiarse” de él, y generar acciones conjuntas que transformen a la biblioteca, efectivamente, en el puente para la inclusión, y donde efectivamente los libros no sean solo un instrumento de entretención y conocimiento, sino de comunicación; la comunicación con el desarrollo, aunque sea a la pequeña escala de las necesidades de un hombre o una mujer, que buscan —como lo hacen cotidianamente— dar un pequeño paso para librarse de su pobreza. Al menos así acontece en Chile y, seguramente, en el resto de Latinoamérica.