El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) se encuentra en una fase de pérdida de velocidad tal, que lo más probable es que no se llegue a un acuerdo multilateral para enero del año próximo como se había planteado. Con todo el impulso que inició el ALCA no está agotado y se ha dirigido a otras iniciativas como son los Tratados de Libre Comercio (TLC) bilaterales (o los tratados sobre inversiones).
El estancamiento del ALCA ha llevado a los EE.UU. a desarrollar tratados bilaterales animados con la misma visión –e intención– con la que se inició el ALCA.
Ese impulso de realizar negociaciones comerciales bajo la directriz de “libre comercio” está marcando un reordenamiento mundial en el ámbito económico y financiero para beneficio de las economías centrales y de sus corporaciones. La condición de “libre” es fácil de cuestionar al realizarse negociaciones entre economías desiguales donde una de las partes puede imponer sus condiciones. El ”comercio” del que se habla también, tiene características innovadoras al incluir aspectos tan extraños a la comercialización como la salud, la educación, la cultura. Un impulso que lleva a considerar todo materia comerciable y por lo tanto, todo susceptible de ser mercancía. No es difícil darse cuenta que en la enorme mayoría de casos beneficia a los poderosos que pueden imponer sus intereses.

En esas condiciones se está desarrollando un proceso que encuentra resistencias –algunas son las que llevaron a que el ALCA esté en hibernación– por parte de quienes han podido ver que un proceso de esas características pone en peligro elementos esenciales de nuestras sociedades (además del desarrollo económico).
Uno de ellos es la identidad cultural y la imprescindible diversidad cultural.
Ya en las negociaciones de la Ronda Uruguay y en la OMC, a partir de la iniciativa de países europeos, se logró un acuerdo tácito de “excepción cultural” que permitió establecer claramente que los productos de las industrias culturales tenían un carácter especial al ser –además de mercancías– creaciones con una significación social y cultural que intervienen directamente en la conformación de identidades culturales y sociales.
La “libertad” total del comercio de productos culturales supone la imposición de reglas que impiden que los Estados apoyen, subvencionen, den ventajas fiscales o cualquier tratamiento preferencial para su sector cultural con las evidentes consecuencias que ello supone. Ya en algunos países, el flujo es prácticamente unidireccional y algunos sectores culturales solo pueden sobrevivir con apoyo estatal (y para eso está el Estado).
La llamada sociedad civil también reaccionó ante el riesgo que esos acuerdos comerciales significan para la diversidad cultural; un ejemplo en nuestro continente es el esfuerzo realizado en Chile por organizaciones de profesionales de la cultura y por la Coalición chilena para la diversidad cultural, quienes lograron poner en la agenda pública los riesgos que suponía el TLC que el gobierno negociaba con los EE.UU. Dicha acción, en gran parte liderada por las editoriales independientes chilenas, permitió que dichas organizaciones fuesen tenidas en cuenta como interlocutores válidos para el gobierno y que en el TLC el Estado chileno pudiese establecer ciertas “reservas culturales” .
En el contexto de riesgo para las industrias culturales que significan los TLC se encuentra una industria editorial independiente latinoamericana ya en jaque por la concentración y transnacionalización del sector. El proceso de concentración de las empresas editoriales en el ámbito mundial es bien conocido y el hecho de que el 50% del mercado del libro en América Latina –excepción hecha de Brasil– esté en manos de pocas editoriales españolas habla de la transnacionalización –y “extranjerización”– de la edición en nuestro continente.

Las editoriales independientes –que no forman parte de grupos empresariales o conglomerados– no solamente conservan la autonomía en las decisiones sino que tienen una manera particular de encarar el oficio: el orgullo de lo que se edita está más fundado en la calidad y/o en la incidencia intelectual o social del libro publicado que en números de ventas y beneficios. La lógica de los grandes grupos es la de los best-sellers , del libro exclusivamente como mercancía; la de los editores independientes reposa en el libro como vehículo de cultura, conocimiento y entretenimiento en equilibrio –inestable– con el carácter de libro/mercancía. Son eslabones de lo que Gabriele Muzio llama “cadena de la memoria histórica de la Humanidad” y parte esencial de la diversidad cultural.
El proceso de transnacionalización ha puesto en peligro a la edición independiente y local que sobrevive porque está enraizada en las sociedades, sabe encontrar sectores de la edición que no tienen atractivo para los grandes grupos y porque se han esforzado en editar material de calidad. Además de estrategias de cooperación y alianzas con otras editoriales independientes del continente o de fuera.
Esa industria editorial independiente en “riesgo de extinción” debido a la desigualdad de condiciones en que se encuentra frente a los grandes grupos, puede encontrar agravada su situación si los TLC roban espacios de soberanía al impedir que los Estados establezcan políticas públicas de apoyo e incentivo al sector. Por otro lado, un TLC puede significar barreras para las transnacionales de fuera del continente (las venidas de España por ejemplo) quienes encontrarán grandes dificultades para competir con un sector editorial de origen estadounidense, que tiene todos los medios para editar en español y que si aún no lo ha desarrollado con vigor es porque está esperando un ALCA.
En dicho contexto, las editoriales independientes “saldrán de la sartén para caer al fuego”.
Los editores independientes debemos participar activamente para que los riesgos que implican los TLC para la diversidad cultural estén en la agenda pública (como en Chile, como en Uruguay donde la Cámara del Libro integra la Coalición uruguaya para la diversidad cultural) y exigir que dichas negociaciones no sean secretas (como lo son en la actualidad). Debemos hacer lo necesario para que los respectivos gobiernos apoyen la Convención internacional sobre la diversidad cultural de la Unesco (que está en redacción para ser presentada en la próxima Conferencia general) y que ésta sea un instrumento vinculante que garantice la soberanía de cada país para establecer políticas culturales dirigidas a proteger, promover y desarrollar sus expresiones culturales y sus propias industrias culturales.