La industria editorial está atravesando por un intenso proceso de globalización en los últimos años, de forma no siempre muy perceptible para el público más pendiente de lo que sucede en el panorama económico general.
El libro fue el primer objeto cultural globalizado. El invento de Gutemberg fue fundamental para romper la estrechez del mundo medieval, haciendo posible que el conocimiento viajara más ampliamente, con velocidad infinitamente superior a la posible, con las copias manuales o con la presencia física del autor. Esa posibilidad de viajar, de “globalizarse” es, de hecho, uno de los motivos de orgullo para la industria editorial, que siempre tuvo en el principio de la libertad de publicación y de circulación de los libros, uno de sus principales fundamentos.El actual proceso de globalización refleja, en una de sus facetas, la continuidad de ese proceso secular. Tenemos cada vez más autores internacionales, que se hacen presentes en los sellos editoriales de muchos países. La mayoría de esos autores, hoy, son americanos; pero eso está lejos de ser una constante.
En el área de la literatura tenemos varios autores latinoamericanos “globalizados”: García Márquez, Vargas Llosa, Isabel Allende, Paulo Coelho, para citar algunos con mayor presencia contemporánea. Y no podemos olvidar la inmensa variedad de autores alemanes, franceses, españoles que circulan internacionalmente en todas las áreas del conocimiento. El mundo se poliniza con el conocimiento, con las contribuciones provenientes de todos los rincones del planeta.
El otro aspecto de la globalización es el que sucede también a través del surgimiento y fortalecimiento de grandes grupos editoriales. Más que “grupos editoriales”, hoy podemos hablar de conglomerados de la industria de la información o de la difusión de contenido. Ésta es la cara de la globalización estimada y valorizada por autores y editores.

Por otro lado, en el contexto de las negociaciones multilaterales sobre la liberalización de comercio y servicios, de los cuales la OMC es la versión más amplia y el ALCA su forma regionalizada, el tema se complica aún más. De manera muy general, se pueden detectar tres grandes tendencias: a) absorción de editoriales por grandes grupos de comunicación – VIACOM, Time-Warner-AOL, Vivendi Universal, Bertelsmann, News Corporation (Murdoch); b) compra de editoriales para explotación de mercados lingüísticos o geográficos específicos, como es el caso de la expansión de editoriales españolas en América Latina, de algunas editoriales alemanas en los Estados Unidos – la expansión del grupo Santillana y del grupo Planeta en América Latina, Bertelsmann, Holtzbrink y Penguin en los Estados Unidos; c) concentración en segmentos específicos, principalmente en el área técnico-científica, cuyo ejemplo más significativo es el de la holandesa Elsevier.
Se trata, sin embargo, de una situación fluida. Al grupo francés Vivendi le fue muy mal en su intención de transformarse efectivamente en internacional con la fusión con la Universal; Bertelsmann está perdiendo posiciones, así como la Time Warner-AOL.

Cuáles son los problemas en consecuencia de esto?
Varios autores ya llamaron la atención sobre el hecho de que la concentración de la industria editorial tiende a disminuir la diversidad de la oferta y aumentar el énfasis en la publicación de autores conocidos, con la correspondiente tendencia a disminuir el espacio para nuevos autores.
El gran problema de la cultura de best-sellers es justamente ese: las editoriales necesitan libros de éxito y venta rápida. Las redes de librerías, presionadas también por costos, acentúan esa presión y el resultado final es la disminución del espacio en los catálogos editoriales y en los estantes de las librerías para autores nuevos.
Vemos, entonces, la conjunción de intereses dañinos para el público lector entre las editoriales de best-sellers y las redes de librerías, ambos en busca del giro rápido que trae el libro de fácil consumo escrito por los autores bien conocidos.Esa tendencia de mercado refuerza el proceso de concentración y globalización. Solamente las editoriales más grandes – y, en este caso, conglomerados globalizados – disponen de los recursos necesarios para disputar en el mercado de derechos de autor, los escritores conocidos.
Ese círculo vicioso perjudica a pequeñas y medianas editoriales con programas editoriales creativos y que no reposan en los “grandes nombres” – si se entienden éstos como sinónimo de grandes vendedores – y que abren espacio para importantes autores nacionales y extranjeros de importancia cultural específica. Afortunadamente, como lo señala Gabriel Zaid, la inversión para ingresar al mercado editorial es relativamente baja, lo que permite una constante renovación de la oferta por parte de editoriales que aplican las utilidades conseguidas con algunos autores, para mantener catálogos más diversificados.
De ahí resulta la necesidad de que cada país establezca una política industrial para el fortalecimiento de la industria editorial nacional. Vale la pena recordar, sin embargo, que la situación de fragilidad de las editoriales de los países latinoamericanos se debe, en gran parte, a su carácter de empresas familiares, con bajo nivel de capitalización, prácticas administrativas obsoletas y poca capacitación técnica para enfrentar los desafíos de un mercado dinámico y muy disputado. Cuando una empresa extranjera llega, con dólares o euros, compra barato, lo que muchas veces, le costaría mucho para construir. En el caso brasileño, eso es evidente en el sector de libros didácticos. Ante las peculiaridades de ese segmento en el Brasil, con la gran cantidad de compras gubernamentales y la enorme extensión territorial para hacer la divulgación de los libros con los profesores, sería casi imposible que una editorial extranjera comience desde cero. Así, es más fácil comprar una editorial ya establecida.
Romper el ciclo de baja capitalización, administración desfasada y poca capacitación técnica en las empresas editoriales nacionales es una cuestión absolutamente central para contraponerse eficazmente a la globalización y a la formación de grandes conglomerados del mercado editorial.

ALCA, DIVERSIDAD CULTURAL Y COMERCIO INTERNACIONAL

La diversidad cultural es un tema subyacente en las discusiones de la OMC – Organización Mundial del Comercio y también en las negociaciones del ALCA – Área de Libre Comercio de las Américas.Para quien sigue de lejos el asunto, puede parecerle extraño que la “cultura” aparezca como un tema destacado en las negociaciones comerciales multilaterales. Deja de parecerlo cuando se verifica que la industria basada en la producción de contenidos sujetos a copyright , o derechos de autor, proporciona gran volumen de divisas en la pauta de exportación de los Estados Unidos, quedando por debajo apenas de la industria de armas. Cine, música, libros y software son un negocio esencial para aquel país. Y, como están estrechamente relacionados con los servicios de comunicación (radio, televisión, Internet, etc.), tienen gran influencia también sobre la pauta de discusión de la liberalización comercial de esos servicios.
Además del valor comercial, los productos culturales tienen un peso fundamental en la formación de la opinión pública y en la imagen que los países proyectan internacionalmente.
No se puede subestimar el empeño de los Estados Unidos en la liberalización total de lo que ellos denominan “Entertainment Industry”. El día 27 de marzo de 2003, una “Entertainment Industry Coalition for Free Trade”, que reúne una gran cantidad de organizaciones ligadas al cine y la música, divulgó un pres release, relatando la reunión que tuvieron con Robert Zoellick, del cual cito algunos pasajes destacados: 1) “El objetivo de la EIC es educar formuladores claves de la política comercial sobre la importancia del libre comercio, el impacto económico positivo de las negociaciones comerciales internacionales en el establecimiento de las bases para una fuerte protección de la propiedad intelectual” ; 2) “Los miembros de la EIC desempeñan un papel crítico en el crecimiento de la economía de los Estados Unidos. El último informe económico de 2001 confirma que las industrias creativas contribuyeron más para la economía de los Estados Unidos y emplearon más trabajadores que cualquier sector manufacturero aislado. Las exportaciones de las industrias de copyright en 2001 fueron estimadas en US$ 88,97 billones de dólares, superando a todos los sectores industriales más grandes, inclusive el de los productos químicos y productos conexos, vehículos a motor, equipos y repuestos, aviones y sus repuestos, y el sector agrícola” ; 3) “Varios puntos son vitales para los miembros de la coalición, tales como los relacionados con el aumento del acceso a los mercados con la eliminación de aranceles para todos los productos de entretenimiento de los Estados Unidos” ; y 4) “demostrar que los acuerdos comerciales pueden ser elaborados en el sentido de incluir obligaciones de apertura del mercado de servicios al mismo tiempo que se resuelven cuestiones específicas relacionadas con el sector cultural”.
O sea que los Estados Unidos consideran el asunto de la producción cultural como elemento esencial e integrante de las negociaciones comerciales multilaterales en curso y el interlocutor de esos sectores no es un “ministro de la cultura” – que allá no existe-, y sí el zar de la política comercial americana, el notorio Robert Zoellick.
Esa posición americana se expresa, en la práctica, con la separación entre “cultura” e “industrias de entretenimiento”. En el primer campo, coloca museos, colecciones de arte, ópera y música clásica, folklore y arte popular. Todo el resto – cine, libros, música, programas de televisión y radio, parques temáticos, espectáculos musicales – hacen parte de un subsector de servicios; son las “industrias del entretenimiento” y, según ellos, deben ser totalmente liberalizadas.
En contraste con esa posición americana, fue que se desarrolló la idea de la “excepción cultural”, cuyo gran defensor es Francia y, subsidiariamente, el Canadá.
Ésta consiste, fundamentalmente, en no admitir la liberalización del comercio de servicios en el área de la cultura, a partir del reconocimiento de la necesidad de que cada país pueda mantener políticas culturales propias, principalmente medidas de protección a las respectivas industrias culturales. Cuando se habla de ese asunto, hay siempre un énfasis muy fuerte en las políticas relacionadas con el sector audiovisual y de multimedios (cine, televisión, radio, música), aunque se incluya también – particularmente en el caso del Canadá – la cuestión del apoyo (a través de restricciones al ingreso de empresas extranjeras y subsidios para las empresas locales) a la industria editorial. De cualquier forma, la excepción cultural propone que se considere que todas las actividades culturales, productoras de “contenido”, están fuera de los procesos de liberalización del comercio, de bienes y servicios realizados en el seno de la Organización Mundial de Comercio.
El objetivo expreso de esa protección es el de impedir que la industria cultural estadounidense y de otros “major players” consolide cada vez más o aumente su ya preponderante posición en el ámbito internacional. Como vimos, ellos toman las cosas en serio.
La excepción cultural es básicamente una táctica defensiva, en el ámbito del GATS/OMC. Al no incluir compromisos en esa área, en las negociaciones multilaterales en curso de liberalización, se busca impedir el avasallador avance norteamericano.
Hay un problema en esa caracterización de la excepción como un mecanismo puramente defensivo. Francia, a través de la organización de la francofonía, procura, de manera clara, establecer su propia área de influencia, garantizando mercados para su producción audiovisual. En el caso francés, la excepción cultural aparece, en muchas situaciones, como un tenue velo que cubre el interés para obtener mejores condiciones para sus productos culturales en la francofonía. Además de eso, con frecuencia se percibe la disposición de los franceses para incluir hasta ítems de la producción agrícola en la “excepción cultural”, en perjuicio de las exportaciones de los países en desarrollo. Al final de cuentas, Roquefort es cultura.
La defensa de la excepción cultural pura y simple, por lo tanto, presenta varios problemas.
La excepción cultural puede defender la actual producción cultural de los países que la practican pero, en muchos casos, los mercados nacionales son insuficientes para asegurar una producción continua y estable, principalmente en el área del audiovisual. Eso lleva, necesariamente, a la exigencia de subsidios gubernamentales, en mayor o menor grado, para que esa producción nacional pueda subsistir.
Existe, subyacente a la defensa del propio mercado, la ambición de cada país de conquistar parcelas más significativas de mercados externos para su propia producción cultural.
En esas circunstancias, surge una aparente contradicción: cada país quiere defender el derecho a proteger su producción cultural, pero también desea participar en la gran torta del mercado cultural internacional. O sea, penetrar al mercado americano. Los productores – principalmente de audiovisual – también reivindican recursos públicos para mantenerse en actividad, ya que aún protegidos, sus mercados no son lo suficientemente amplios, o no están lo suficientemente estructurados, para que puedan mantenerse sin esa protección de los recursos públicos.
En el caso brasileño, son visibles esos problemas. El cine nacional no logra vivir sin fuertes subsidios públicos, directos e indirectos. En el campo de la música, las filiales de las grabadoras internacionales se dieron cuenta de la importancia de los autores e intérpretes locales para la conquista y mantenimiento del mercado. Sin embargo, circunscriben y seleccionan, de manera elitista y restrictiva, las posibilidades de exportación de la música brasileña, sujetándola a determinaciones de market share de sus matrices internacionales .
En el caso de la televisión brasileña, se constatan algunas peculiaridades. En la televisión abierta, las empresas nacionales dominan ampliamente. Importan cantidades significativas de contenidos extranjeros (filmes, formatos de programas, series, etc.), pero también se constata que los productos de mayor aceptación son los de producción nacional, como es el caso de las novelas, programas de variedades y de auditorio.
La penetración más directa de la industria internacional se ve en la televisión cerrada, por cable. En ese campo, aún cuando haya una fuerte presencia nacional en la distribución (la NET, una de las principales operadoras de cable es de TV Globo), los canales distribuidos son, en su mayoría, de producción extranjera, fundamentalmente americana.
El sector editorial brasileño es el que menos necesita de protección. No sólo por el idioma, sino también por las características específicas del sistema educativo, que obligan a que la producción de contenidos sea esencialmente nacional. Las importaciones de contenidos, expresadas en la traducción de autores extranjeros, son inclusive necesarias para el enriquecimiento cultural del país. La importación directa de libros es totalmente irrestricta, inmune a impuestos, por disposición constitucional, y atiende al sector de lectores, que prefieren leer los originales o dependen de información tecnológica actualizada.

Una cuestión más reciente es la presentada por el Internet, con relación al control de los derechos de autor. Las asociaciones de editores, músicos y demás productores de contenido sostienen la importancia del reconocimiento del derecho de autor y de la necesidad de licenciamiento. Eso genera conflictos. Por ejemplo, con las empresas de venta de servicios de telecomunicación y proveedores de acceso a Internet. Para utilizar un ejemplo simple: una compañía telefónica tiene el máximo interés en que los proveedores tengan el máximo de contenido con acceso libre, producidos internamente con el reciclaje, sin pago de derechos, de contenidos producidos por terceros. Al fin de cuentas, el servicio de transmisión es pagado (uso de la línea telefónica o de servicios de banda ancha) y se vuelve más atractivo mientras más contenido haya para suministrar sin costos adicionales. Esa posición, obviamente, cuenta con la simpatía de gran parte de los usuarios, que no se dan cuenta de la contradicción: pagan por el acceso sin reclamar, pero quieren contenido gratis, preferiblemente producido por artistas, escritores, etc. que en la cabeza de esos consumidores no comen ni tienen cuentas por pagar y, por lo tanto, no necesitarían remuneración...

Esa cuestión ha sido objeto de amplias discusiones en el ámbito de los encuentros sobre la sociedad de información. La defensa de los intereses de los países y poblaciones más pobres en el acceso al contenido – inclusive técnico y científico –deja ver que se trata de un problema real, que debe ser resuelto con extensas e intensas negociaciones.
Como medio de defensa de su producción cultural, la mayoría de los países ha adoptado mecanismos de excepción cultural. O sea, no presentan listas para discusión de liberalización en el ámbito de la OMC. Pero esa posición es insostenible a largo plazo, ya que se limita a decir no y, por eso mismo, no ayuda a la expansión de la exportación de productos culturales provenientes de todos los otros países diferentes a los Estados Unidos (y, en menor grado, Francia).
El Brasil, hasta el momento, no entregó una lista a la OMC que sea factible de liberalización del comercio internacional de servicios y productos culturales. Pidió, sin embargo, que Francia asumiera compromisos en el sector audiovisual, como forma de presión negociadora.
No obstante, al final de 2001, el Brasil presentó una propuesta para discusión en la OMC que trataba, específicamente, de la cuestión del audiovisual (Documento W/99 del Consejo de Servicios de la OMC). Propuesta genérica, para discusión de principios, sin implicar la presentación de listas para negociación. Esa propuesta, que tuvo su redacción final hecha por el embajador Celso Amorim, actual ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, sostenía que los “países en desarrollo” deberían tener la flexibilidad de no liberalizar su mercado para productos y servicios audiovisuales, y también pedía que los países desarrollados tuvieran una política más receptiva para la entrada a sus mercados de la producción de los países en desarrollo.
Ese fue un paso importante dentro de un proceso de construcción de política en el seno del Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores), todavía no terminado, que se propone acabar con el problema existente entre las dos posiciones antagónicas en la OMC. Según el Itamaraty, la propuesta despertó amplio interés entre países en desarrollo.
Sostienen las autoridades del Itamaraty que es posible negociar un tratado de la diversidad cultural que posteriormente podría ser colocado como “Reference Paper” en el GATS, sirviendo como referencia para las discusiones en el interior de la OMC. Ya existen casos de ese tipo en el ámbito de la OMC. Ejemplificando: un país podría escribir en su programa de compromisos que se compromete con la totalidad del “Reference Paper” de servicios culturales y, en ese caso, estaría cubierto por todos los dispositivos del acuerdo. Podría también demandar a otro país en los tribunales de la OMC, en caso de que éste también se hubiera comprometido con el “Reference Paper” y no estuviera cumpliendo los dispositivos de ese tratado de la diversidad cultural.
De esa forma, se evitarían posibles represalias en el ámbito de la OMC para los países que mantuvieran políticas específicas en el área de la cultura, de protección de sus mercados, ya que la liberalización estaría dirigida por los principios del tratado de la diversidad cultural, instituido como “Reference Paper” en el ámbito del GATS.
Paralelamente a la iniciativa brasileña, varios países, comandados por Francia, están en pleno proceso de elaboración de un convenio internacional, en el ámbito de la UNESCO, que podría servir como “reference paper” para las cuestiones de diversidad cultural. Se cree que, en el ámbito de la UNESCO, sea más fácil aprobar ese instrumento.
El problema, definido de manera muy simple, es que la raíz de la cuestión está en el deseo, antes mencionado, de proteger mercados nacionales y, al mismo tiempo, de abrir espacios para acceso a los mercados internacionales. O sea, se trata claramente de una cuestión que se plantea en el ámbito de los tratados multilaterales de comercio y servicios, sea el ALCA, sea la OMC. El tratado, negociado por especialistas en el área de la UNESCO, serviría como referencia de posiciones de los países en la OMC o en el ALCA.
Si ese tratado de la diversidad cultural es aprobado y ratificado por los países miembros de la UNESCO, inclusive los Estados Unidos, podrá ser entonces incluido en el GATS/OMC como “Reference Paper”, como una oferta en bloque por parte de todos los países signatarios. De la misma forma, sería un fuerte argumento en las otras negociaciones multilaterales, como las del ALCA o las que el Mercosur trata de establecer con la Unión Europea.

Países como los Estados Unidos, Francia y Canadá están tomando muy en serio el asunto de la integración de las cuestiones culturales en las negociaciones comerciales. Esa percepción, infortunadamente, todavía no es muy fuerte en el Brasil, con excepción del caso de las patentes – especialmente de medicamentos – que configuran un área específica dentro de las cuestiones de propiedad intelectual. Hay que resaltar, sin embargo, que el departamento cultural del Itamaraty y la división de servicios, inversiones y asuntos financieros, también del MRE, están trabajando intensamente en el asunto. Se espera que puedan sensibilizar a los estamentos superiores a respecto de la necesidad de integración de los equipos de negociación comercial con el del área cultural.
Creo que el Brasil puede construir una posición que realmente sirva de alternativa a las posiciones existentes. La construcción de esa posición, sin embargo, pasa por una “acumulación de fuerzas” en negociaciones “horizontales”, con países del MERCOSUR y ALADI, algunos países del África y de Asia que tengan una situación estructural en relación con las cuestiones culturales similares a las nuestras.

Es probable que las mayores dificultades, tanto en la negociación del tratado de la diversidad cultural, como en su incorporación en el ámbito de la OMC, aparezcan a partir de la dicotomía cultura versus entretenimiento, creada internacionalmente. Como siempre suele suceder en las negociaciones diplomáticas, las palabras y los conceptos son decisivos para que se alcance un resultado aceptable por todos. O peor, los Estados Unidos presionan fuertemente para la adopción de tratados bilaterales de libre comercio – como fue el caso de Chile y está siendo el del Perú – o de tratados multilaterales regionales – como es el caso del ALCA – sin esperar que ese “reference paper” más general entre en la pauta de la OMC.
Finalmente, cabe resaltar que el éxito en el desarrollo de una propuesta en esa área está directamente ligado a la construcción de políticas culturales integradas internamente y que no se limiten al mantenimiento de leyes de incentivo fiscal para la cultura. Infortunadamente, no se nota un empeño real del Ministerio de Cultura, en el Brasil, para colocar en pauta esas cuestiones. No obstante, si eso se hiciera, la discusión sobre políticas culturales saldría del asunto de la “cuestión de la cultura” y del reino de lo simbólico para el terreno mucho más complejo y vital de los acuerdos multilaterales de comercio, que es donde la cuestión se coloca para los Estados Unidos. Y, si no tenemos mucha claridad acerca de esas relaciones entre cultura y comercio internacional, la diversidad cultural no dejará de ser una plataforma retórica e irá a correr el serio riesgo de transformarse en moneda de cambio en las negociaciones internacionales.
La industria editorial, en particular, tiene que dejar a un lado la posición asumida hasta hoy de que esas cuestiones no le afectan directamente. En la medida en que todas las cuestiones relacionadas con la producción de copyright están involucradas en las negociaciones comerciales multilaterales, el resultado de esos procesos de liberalización ciertamente acabará, tarde o temprano, interfiriendo en el desempeño de la industria editorial. Sea por facilitar los procesos de conglomeralización – y con eso afectar frontalmente la estructura del negocio editorial en cada país – sea por imponer una verticalización en el control de los contenidos, inclusive de los libros, imponiendo restricción en la oferta factible de ser publicada por las editoriales de cada país.