La creación y fortalecimiento de las bibliotecas públicas es una responsabilidad fundamental e indelegable del Estado en sus diversas instancias: el gobierno nacional, estatal, provincial o departamental, y municipal, a través de la articulación, concurrencia, complementariedad y coordinación de sus acciones y recursos. Todos los gobiernos reconocen que es la estrategia más efectiva de democratización del acceso gratuito a la información, al conocimiento, a la educación, a la lectura y a la cultura en sus diversas manifestaciones, con el fin de que las comunidades más vulnerables puedan llegar a ellos en igualdad de condiciones con el resto de la población. Pero no solo es la estrategia más efectiva, es la más económica en términos de impacto real. Sin embargo, la realidad de las bibliotecas en nuestros países pone en evidencia las profundas asimetrías existentes entre regiones, aún en los países más desarrollados.

Solucionar esta situación requiere del reconocimiento, por parte de las autoridades y de la sociedad en su conjunto, del derecho a la información, al conocimiento, a la lectura y a la cultura como un derecho humano que debe estar disponible para todos y todas en igualdad de condiciones, y que las bibliotecas públicas constituyen la mejor inversión de los gobiernos para lograr el desarrollo humano, social, cultural y económico de sus comunidades. En consecuencia, los gobiernos deben garantizar la asignación de los  recursos humanos, financieros, físicos y tecnológicos necesarios en cantidad y calidad para garantizar la existencia de bibliotecas y su sostenibilidad en todos y cada uno de los centros urbanos y rurales, en respuesta a sus demandas.

Para suplir o complementar el déficit de bibliotecas y servicios bibliotecarios y de información en nuestros países, día a día surgen valiosas iniciativas ciudadanas emprendidas por jóvenes, por otros miembros de la comunidad, o por ONGs, quienes, a través de diversas estrategias, obtienen los recursos mínimos para brindar estos servicios.

En este número del boletín, hemos querido presentar algunas de las iniciativas ciudadanas implementadas en países como Chile, Colombia y Argentina, entre otros, como un reconocimiento a los esfuerzos de sus promotores, que van desde aportar de sus propios recursos que en la mayoría de los casos no les sobran, hasta la dedicación de parte importante de su tiempo en promover y gestionar recursos o para prestar servicio voluntario. Además, hemos seleccionado algunas prácticas de autoridades y de bibliotecarios que han asumido de manera responsable su compromiso social y político con sus comunidades.

Constituyen además, algunos modelos sobre el ejercicio de la  responsabilidad social que nos compete a todos, y en particular, a las autoridades con el fin de que reconozcan que las bibliotecas son una demanda social de primer orden y no una moda.

A todas y todos nuestros lectores les ofrecemos este espacio para divulgar y compartir sus experiencias en las bibliotecas de Iberoamérica.